“De esta asamblea ha de surgir la construcción ideal de la universidad futura. Si ella ha de responder a las necesidades de la época, si ha de realizar su fecunda obra de elaboración e irradiación de la cultura; si ella ha de vivir el momento social, tiene que modificar sustancialmente su estructura, sus métodos, su orientación… Ella ha de ejercer en la hora presente, funciones múltiples que preparen a los hombres para la vida integral. No puede concretarse a su “función profesional”… es de este siglo la universidad abierta, libre, científica, humana, que eleve e ilumine la vida nacional…”
(Fragmento extraído del discurso del Presidente de la FUA, Osvaldo Loudet en la sesión inaugural del 1er Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios el 21 de Julio de 1918)
Comenzamos este documento con un cita que en cierta medida expone el legado reformista que heredamos como agrupación política estudiantil de los jóvenes del 18 porque identificamos en el presente señales claras de que el momento histórico que atravesamos tiene diversas similitudes (no quizás en lo coyuntural, pero si en lo conceptual) con lo que el futuro demandaba a aquellos constructores de la universidad reformista hace 90 años atrás. Hoy el movimiento estudiantil en particular, y la comunidad educativa en su conjunto, estamos llamados a asumir un rol protagónico en la redefinición del rol que tanto la universidad y la educación en todos sus niveles habrán de asumir de cara a la reconstrucción de un país y una sociedad inmersos en una crisis profunda, económica, cultural y social.
Para ello nuestra agrupación debe contar con herramientas que le permitan no sólo entender el presente, sino además, que le permitan esbozar y proyectar la universidad de cara al futuro y dotarla de las herramientas para asumir un rol central en la generación de mayor igualdad de oportunidades, de una mejor y más sólida justicia social y de una Nación productiva, científica y capaz de generar trabajo y permitir el desarrollo integral se sus habitantes.
La Universidad de cara al futuro
El contexto nacional e internacional, hoy más que nunca, nos obligan a replantearnos el rumbo y el rol que debe asumir la educación. Si la educación y la ciencia fueron fundamentales en la configuración de la sociedad de principios del siglo pasado, nadie discute la centralidad que tienen en el presente. Crecimiento económico, equidad y ciudadanía continúan siendo los tres objetivos clave de una estrategia de desarrollo sustentable; y la única política pública que actúa simultáneamente sobre todos ellos es la educación.
En sintonía con las conclusiones de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES, Colombia 2008), consideramos como allí se expresaba, que el objetivo de la Educación Superior es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.”
Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
“La educación es un bien público, derecho de todos, deber del Estado. Esta premisa afirma dos cosas importantes: a) no sólo todos tienen derecho a la educación, como también es un deber del Estado proveer a todos una educación de calidad; b) la educación no es un bien negociable, aunque pueda ser impartida también por actores privados. Al ser pública, la educación tiene que ser de calidad para todos. Por ello, son beneficiosos los mecanismos que cumplan con las funciones de promover y asegurar la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) de acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad. En tanto bien público, el aseguramiento de la calidad no puede transformarse en un interesante rubro de comercio, sino que es imprescindible que sea un instrumento de profundización de los valores democráticos, fortalecimiento de la soberanía nacional y la identidad nacional.”
Documento de Trabajo “Calidad, Pertinencia y Responsabilidad Social de la Univ. Latinoamericana y Caribeña”, José Dias Sobrinho, CRES, Cartagena de Indias, Colombia, Junio de 2008.
En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento, marcada por una gran accesibilidad a las nuevas TIC´s, y en un tiempo en el que la innovación se configura como el motor fundamental de desarrollo y progreso, se hace más relevante que nunca rever el rol de las universidades y su proyección en función a su responsabilidad pública de formar integralmente personas, en una dinámica permanente de cambio, ya que están llamadas a jugar un papel protagonista y, en muchos sentidos, renovado. Es necesario pasar del modelo de universidad económicamente viable, a aquella que valora la verdadera necesidad, no sólo desde un punto de vista de la formación profesional sino, también, de su contribución a la construcción de una nueva sociedad.
Mantener e incrementar la calidad de la propuesta educativa en un contexto de fuerte expansión de la matrícula son algunos de los principales desafíos de las reformas educativas en nuestro país y en Latinoamérica. La pregunta acerca de cómo educar con calidad en la masividad se complejiza cuando en la respuesta se recupera el imperativo de educar con pertinencia. Hacerlo supone considerar el rol de la institución en el sistema de educación superior y las posibilidades de atender a un amplio espectro de demandas sociales.
La calidad en la educación superior tiene que estar claramente referida a los compromisos de las instituciones con el sentido social de los conocimientos y de la formación, los valores éticos y morales del bienestar colectivo, la democratización del acceso y de la permanencia, la justicia social y el desarrollo sostenible.
Según García-Guadilla:
“La pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene el nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en cuenta el entorno en el cual están insertas las instituciones de investigación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian del conocimiento. Por un lado, los que se apropian, o sea los usuarios del conocimiento, son no solamente los estudiantes, o usuarios internos, sino las comunidades en la que están insertas las instituciones, y también, de manera muy importante, los otros niveles del sistema educativo”. (García-Guadilla, 1997: 64/65)
Además, Hebe Vessuri (1998) dice al respecto:
“No menos importante es la participación de la ES en la búsqueda de soluciones a los problemas humanos urgentes, como la población, el medio ambiente, la paz y el entendimiento internacional, la democracia y los derechos humanos”.
La pertinencia se consigue efectivamente en al participación de la institución educativa a través de sus actores, en la vida social, económica y cultural de la sociedad en la cual ella se inserta, en especial con la gente de su entorno, sin jamás perder la perspectiva de universalidad. Los sentidos de esta participación son bi-direccionales e incluyen, en su movimiento, tanto a los productores como a los usuarios del conocimiento. De esa manera, el conocimiento tiene un valor público; es pedagógico y contribuye para el desarrollo social. La alianza entre calidad y pertinencia rechaza una eventual vinculación a ideas mercantiles y a lógicas empresariales, correspondiendo a una concepción de educación como bien público al servicio de la construcción de sociedades democráticas y justas en pro de la afirmación de la identidad nacional.
La globalización, que lleva consigo oportunidades importantes, también plantea serios retos: la reducción de la pobreza y la disparidad en la distribución de la riqueza; la justicia internacional; la equidad global, la inclusión y los derechos humanos; la convivencia y el diálogo intercultural; la construcción de la paz; la gobernanza y la ciudadanía global; el desarrollo sostenible, etc. Es esencial explorar soluciones a los problemas globales e incluso provocar un cambio de paradigma para reconstruir la sociedad. La ES debe reflexionar sobre su contribución a esta meta, tanto en lo que afecta a su misión como en lo que se refiere al compromiso social del conocimiento.
La manera en la qué la sociedad progrese a largo plazo dependerá de las respuestas que seamos capaces de articular en el presente y en el futuro inmediato. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad colectiva sobre cómo contribuir a construir la sociedad.
Es necesario pensar la misión de la Universidad en relación con los procesos sociales, las relaciones de poder y los contextos históricos en los que su práctica tiene lugar. De allí que las universidades contemporáneas, además de generar conocimiento, deben contribuir a la apropiación social del mismo.
Para el logro de estos objetivos, hay dos condiciones necesarias pero sin lugar a dudas no suficientes que deben plasmarse: la primera que la Educación sea una Política de Estado, que a posterior en el tratamiento de la situación presupuestaria comprenderemos acabadamente porqué entendemos que ésta condición no se cumple desde hace ya muchos años; y la segunda, la Gestión Educativa debe ser entendida como una política a desarrollar. Y he aquí justamente el principio vertebrador de la construcción que nuestra agrupación ha venido desarrollando desde hace ya 42 años y que le ha permitido, en los últimos 25 años a partir de la recuperación de la democracia y la normalización de las universidades, no sólo mantenerse como conducción de muchas universidades, sino además, reinventar la Educación Superior y convertirse en un actor de peso y trascendencia en el diseño de políticas educativas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
La Universidad inmersa en un contexto de crisis
En un contexto nacional e internacional de profunda crisis financiera, quizás sin comparación con anteriores, el sistema universitario no se encuentra ajeno a ésta realidad; muy por el contrario, la universidad se encuentra en una posición de extrema tensión en cuanto a su realidad presupuestaria.
Para comprender la realidad, debemos primero conocer la situación actual en materia presupuestaria y poder analizarla en comparación con años anteriores. En su artículo 12, la Ley de Presupuesto enviada por el Ejecutivo al Congreso y aprobado solo con el apoyo del oficialismo en ambas cámaras a fines del año pasado, establece como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades Nacionales la suma de Siete mil novecientos cincuenta y un millones quinientos mil ($7.951.500.000). Además destina una partida de 220 millones en forma adicional que responde a una distribución discrecional por parte del Ministerio y de acuerdo a los proyectos y partidas que considere ejecutar.
Si es analizada la relación entre los ejercicios 2008 y 2009, se verifica que si al monto original pautado para el 2008 se le suma el refuerzo presupuestario el sistema recibió la suma total de $ 7.239 millones frente a los $ 7.951,5 millones previstos para el 2009, esto nos indica que solamente se recibirá 712 millones que el ejercicio anterior. (El incremento termina siendo de un 9,8% lo que corresponde a un 3,4% del presupuesto oficial total, cuando en 2008 esa misma relación era del 3,5%).
El presupuesto estipulado resulta significativamente inferior al que necesita el sistema. Ya para fines del año anterior, el CIN manifestaba que para poder cerrar el ejercicio 2008 se requieran 8.100 millones, lo que indica conforme a estos datos que existieron unos 861 millones de desfinanciamiento del sistema (7239 m. – 8100 m.). En este orden de ideas, lo Rectores habían solicitado un presupuesto para el 2009 de 10.000 millones, sólo para cubrir gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. Los mismos no contemplan infraestructura. Si nos detenemos en cual es el presupuesto real otorgado por ley a las UUNN, sencillamente podemos comprender lo ajustado de la situación presupuestaria del sistema.
Pero la complejidad de la situación, va mucho más allá. Desde la sanción de LES en los 90, el ahogo presupuestario ha sido una herramienta de condicionamiento y manipulación de la Autonomía, impulsando en muchos casos a las universidades a adoptar mecanismos de generación de recursos económicos que la alejan de su propia concepción reformista, las ha puesto a competir entre ellas en términos de alcanzar planes o programas de financiamiento externos al presupuesto oficial distribuido en diferentes ministerios, ha desestabilizado la función docente, ha sometido a las Casas de Estudio a no contar con los fondos mínimos para su funcionamiento, entre muchas otras consecuencias que en lo cotidiano podemos ver en todas y cada una de las UUNN del país.
Y lamentablemente, por más que se intenten disfrazar las políticas implementadas en materia Educativa como serias, vemos con verdadera preocupación que siguen vigentes las prácticas de hace 10 años atrás y no se ha evolucionado en ese sentido: el mismo presupuesto ahora se divide entre 41 y ya no 39 Universidades, no se proyectan inversiones en infraestructura, si bien este año se lanzan las Becas Bicentenario (que aun no se sabe muy bien como serán otorgadas, ni los criterios ni las formas), las Becas del PNBU no han incrementado su asignación desde el 2001, no existe una política de incentivo seria a la extensión universitaria cuando el discurso oficial habla de la necesidad de acercar la universidad a la sociedad; entre muchos otros ejemplos que seguramente podríamos citar.
Por último, y para terminar de reafirmar que en el ideario del Gobierno Nacional lejos se encuentra la Educación como Política de Estado, hace tres años q se vienen generando anuncios acerca de la modificación de la LES, al tiempo que los debates en torno a la temática se han ido profundizando en el ámbito universitario, para nada lo ha hecho el Ministerio de Educación, al menos no mas allá de reuniones circunstanciales con rectores y miembros de la comunidad educativa afines a las ideas del oficialismo.
Conclusión
Sin dudas que el contexto de crisis y el ahogo presupuestario en que se encuentran inmersas las UUNN son un impedimento más que real para que las mismas se encaminen en el sentido que analizábamos debe interactuar la Institución con las demás instituciones y la sociedad. Paro también es cierto que la Universidad es el lugar por excelencia de generación y desarrollo del conocimiento, y por ende, no podemos dudar que deberemos ser los universitarios quienes diseñemos y diagramemos las estrategias, políticas y programas de acción, profundizando nuestro compromiso, sosteniendo nuestros principios y por sobre todas las cosas, militando férreamente por un modelo educativo que entendemos debe convertirse en una herramienta de provecho para la gestación de una sociedad justa, igualitaria y una nación desarrollada.
