NO a la baja

Lo que necesitan los pibes es una oportunidad: la idea general que implica relacionar a los niños con la comisión de hechos ilícitos y su institucionalización como política pública, lamentablemente, es hoy el logro de un gobierno o la propuesta electoral de un partido político, tratado como eje para mostrar solamente una respuesta punitiva de los niños generando estigmatización y estereotipando negativamente a la infancia. En nuestro país, las estadísticas de UNICEF del año 2015 registraron que existen 3908 adolescentes incluidos en dispositivos penales y solo representan el 0,14% del total de la población de 14 a 17 años de todo el país. Un poco menos del 90% de ellos tiene entre 16 y 17 años, apenas un 10% que tiene menos de 16 años, aunque la legislación vigente establece que los menores de 16 años no son punibles.
Existe un interrogante preciso, a la hora de pensar en la baja de la punibilidad, ¿por qué delinquen los menores? La respuesta es sencilla y se esfuerza por visibilizarse a pesar de los intentos mediáticos de difamación.
Existen algunos factores fundamentales que son consecuentes unos con otros. Lo primordial es lo económico que impacta inmediatamente en lo social. Dicho de otra forma, la pobreza es la principal causa del delito infantil/juvenil. Es que obliga a buscar recursos económicos, porque el hambre no entiende de tiempos.

Tenemos un índice de pobreza alarmante, los pibes tienen hambre y crecen en sectores socioeconómicos vulnerables, en contextos relacionados al narcotráfico o a bandas delictivas que viven en una guerra constante con la policía, la Justicia y el Estado. En el medio está la niñez. Una infancia atormentada, violentada, vulnerada. Por un lado, la calle que obliga a sobrevivir, la calle que brinda una falsa contención que no brindan las dos instituciones más importantes en la infancia: la familia y la escuela. Son las bandas delictivas la que a pesar de la violencia solventan estás falencias al costo de robar, vender o matar. Por otro lado, aunque con mayor responsabilidad, la violencia también la ejerce el Estado, comienza en la falta de políticas públicas destinadas a proteger la primera infancia, negando el acceso a la salud pública de calidad, a garantizar la alimentación básica y fundamental, el cuidado, un hogar seguro y a medida que crecen, el acceso a la educación y a una infancia segura para garantizar un futuro digno. El Estado también es violento en la calle, los pibes son las principales víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil. Las fuerzas de seguridad son el principio de la estigmatización y contribuyen a la formación de la figura del “pibe chorro”, instaurado en la sociedad e institucionalizado.

Es en este contexto social y económico que atravesamos, que los representantes de los estudiantes de las universidades públicas debemos velar en pos de que los poderes ejecutivos provinciales y nacional hagan efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia (vivienda, salud, educación, etc), respecto de las cuales al menos pareciera que no existen muchas propuestas concretas, teniendo en cuenta que es obligación del Congreso de la Nación, tan como indica la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niña, el Niño y Adolescentes, nombrar al defensor de “la Niña, el Niño y Adolescentes” tarea pendiente desde el año 2005.

A su vez, debemos velar por encontrar medidas concretas destinadas a solucionar a fondo la problemática existente de la delincuencia infantil/juvenil. Es necesario pensar un nuevo Régimen Penal Juvenil. Que contemple la creación de instituciones públicas equipadas, con políticas destinadas a reinsertar en la sociedad a los jóvenes que delinquen, entender por qué lo hacen, en que situaciones socioeconómicas se encuentran, cuál es el nivel educativo alcanzado, para desde allí generar propuestas educativas, posibilidades de inserción en el campo laboral, incentivos para estudiar. Crear equipos interdisciplinarios con el objetivo de acompañar y asesorar a los jóvenes que se encuentren insertos en el Régimen Penal Juvenil. Garantizar acceso pleno a la justicia. Repensar si la privación de la libertad es la solución y buscar alternativas. Es fundamental considerar que en la actualidad el régimen vigente es un decreto de la ultima dictadura militar, la ley 22.278, que se contradice con la ley 26.061 de protección integral.

Las universidades deben cumplir el rol de estadistas y de formadoras del pensamiento crítico para una Argentina de profesionales comprometidos plenamente con el cuidado de la infancia que será, en un futuro no muy lejano, la que transite las universidades públicas, populares y democráticas.

Ante la principal premisa de que ningún pibe nace chorro, el movimiento estudiantil proclama: NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD, NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS JUVENTUDES.

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