EN DEFENSA DE NUESTROS JUBILADOS Y JUBILADAS Y DE LA CONSTITUCIÓN

Creemos necesario expresarnos con respecto a la grave situación que se vivió en el Congreso de la Nación, pero que repercute y genera incertidumbre en todo el territorio nacional.

Nuestra organización desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad siempre estuvo y va a estar a favor de la ampliación de derechos que nos igualen y nos emancipen.

Nos manifestamos con un total repudio a todos los sucesos violentos ocurridos en el día de hoy que genera un retroceso en la práctica democrática de nuestro país. Como defensores de la vida y de la paz sostenemos que la violencia no es el medio para dirimir los conflictos. Siempre sostenemos e impulsamos los canales de diálogo y de discusión en el marco del respeto que sean beneficiosos para la sociedad.

Siguiendo con los principios que nos legaron Larralde y Lebensohn y basándonos en que somos el art. 14 bis de la Constitución Nacional es que nos preocupa la reforma del Sistema Previsional.

En los últimos 25 años se han realizado 7 grandes reformas al sistema: en los 90 se privatizó el sistema de seguridad social para financiar el traspaso a un sistema de capitalización. En los albores del siglo XXI hubo una crisis de competitividad y una rebaja de aportes personales. En el año 2006 se realizó la primer moratoria provisional, luego en el 2007 se realizó una reforma parcial con la meta de cambiar el régimen de reparto. Posteriormente en el 2008 se pasó a un sistema de reparto estatal con movilidad de los beneficios previsionales pero sin devolución por los recursos quitados a las provincias. Más cercano en el tiempo, en el 2014 se instrumento el sistema de movilidad previsional que es uno de los ejes sobre el cual recae la reforma. Y por último en el 2016 se aprobó el programa de reparación histórica y la pensión universal para adultos mayores.

El resultado de todas estas reformas es un sistema previsional repleto de parches, que perdió sucesivamente su armonía e integridad, con un alto nivel de cobertura pero con haberes mayoritariamente bajos, con un elevado y creciente déficit que lo hace cada vez más dependiente de los ingresos por fuentes de financiamiento ajenas a las que le corresponde al sistema (aportes patronales y de los empleados).

El actual proyecto tiene un doble impacto. Por un lado, la omisión de un trimestre en la próxima actualización, lo cual representa una penalización para los jubilados y pensionados. Por otro lado, un ajuste diferente al actual de cara al futuro. Además de esto, el triste rumor de que se impulsaría un Decreto de Necesidad y Urgencia no aporta a que la discusión sea saldada de forma democrática.

No creemos que la “reforma” aborde la problemática de fondo, sino que empeora sensiblemente la situación de nuestros abuelos a partir de una menor actualización de sus haberes y que además no soluciona el problema asociado al desequilibrio estructural del sistema previsional. No avalamos que se siga perjudicando a uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, nuestros abuelos no pueden ser los que siempre terminen pagando los platos rotos de una clase gobernante que durante los últimos 25 años sólo aplicó politica de parches al Sistema Previsional argentino.

Durante el gobierno anterior no fuimos los únicos que pedíamos mayor tratamiento y debate sobre las leyes que eran sancionadas del Congreso de la Nación, es por eso que desde la Franja Morada creemos que reformas de esta magnitud deben ser tratadas y abordadas con un debate profundo, buscando consensos y reuniendo especialistas en el tema además de no ser sancionadas de manera express. Este debate debe ser saldado en el Congreso Nacional y en ningún otro lado.

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